El derecho a decidir se convirtió en los últimos tiempos en el eufemismo más utilizado por los independentistas catalanes y por aquellos partidos que juegan a cualquier baraja con tal de obtener algún dividendo electoral. Se trataría de evitar a toda costa la utilización de la correcta denominación de lo que quieren conseguir los independentistas: el derecho a la autodeterminación y la secesión subsiguiente.
El derecho a decidir suena muy bien, por lo que cumple con la finalidad de ocultar las verdaderas relaciones políticas, edulcorando la realidad y evitando pronunciar un concepto demasiado bronco que ponga en guardia a electores bienpensantes, encandilados con algo tan natural y tan consustancial con la democracia como es el derecho a decidir.
En democracia el derecho a decidir lo tenemos todos y no puede excluirse a ningún grupo de ciudadanos, ni reservarse en exclusiva a quienes habitan un determinado territorio, salvo que así lo dispusieran las leyes. Los ciudadanos catalanes tienen derecho a decidir -en plena igualdad con el resto de ciudadanos de otros territorios- sobre las cuestiones que afectan a todo el Estado español: Cambios constitucionales, presupuestos generales del Estado, leyes civiles, penales y administrativas, etc. De la misma manera, los ciudadanos del conjunto de España tienen derecho a decidir sobre todo lo que afecta al ordenamiento jurídico en Cataluña, excepto en las materias constitucionalmente transferidas y, por supuesto, tienen derecho a decidir sobre la integridad territorial de España.
El derecho a decidir -en concordancia con la demagogia- podría (¿por qué no?) atribuirse a cualquier comunidad autónoma, provincia, municipio, barrio, o a comunidades de vecinos, comunidades religiosas, deportivas, etc. etc. Una comarca o un municipio catalán -según los defensores del derecho a decidir- podría decidir permanecer en España, pero esta posibilidad no parece que sea aceptada por los independentistas, ni tampoco indican si la futura constitución catalana contemplará el derecho a decidir de los municipios o entidades territoriales de Cataluña.
Pero llevado al límite el derecho a decidir por qué no reconocer el derecho individual a decidir sobre el pago de impuestos, o el derecho a decidir para pagar o no pagar las deudas contraídas...o las multas de tráfico ¿por qué no?.
El derecho a decidir es un concepto polisémico, que puede significar cualquier cosa o, de otra forma, cada persona puede atribuirle el significado que le parezca más oportuno. Esto es análogo a lo que ocurre con palabras tan manidas como patria, justicia, libertad, ética, etc. que tienen el significado que cada individuo quiera otorgarles.
En realidad el derecho a decidir -si se equipara al derecho de voto- está perfectamente establecido en cualquier democracia y regulado en las normas electorales en las que se especifica el derecho de sufragio activo y pasivo, las condiciones de electorabilidad y elegibilidad, los distritos electorales, los tipos de elecciones, etc.
Pero para que el sofisma sea completo hay que mantener que el derecho a decidir es exclusivo de los nacionales de Cataluña: Catalunya será lo que quieran sus ciudadanos -dicen ciertos dirigentes-, en otras palabras, el resto de los nacionales del conjunto de España quedan desprovistos del derecho a decidir, aunque sea sobre un tema fundamental como es la integridad del territorio nacional. Para los independentistas y los partidarios del derecho a decidir, ellos y solo ellos, tienen derecho a decidir sobre la integridad del territorio nacional -porque no es otra cosa lo que se decide- mientras que al resto de españoles solo les queda asentir sin más.
El otorgamiento del derecho a decidir de unos supone el expolio del derecho a decidir de los demás -la mayoría de los españoles-. Pero no olvidemos que la imposición de la voluntad de la minoría sobre la de la mayoría no es otra cosa que la esencia de una dictadura.
Quienes invocan el derecho a decidir en exclusiva para los ciudadanos de Cataluña no están pensando en otra cosa sino en el derecho a la autodeterminación, pues así hay que denominar al derecho que, en determinadas circunstancias, se otorga a los ciudadanos de un determinado territorio para poder constituirse en un Estado independiente y soberano si deciden tal cosa.
El derecho a la autodeterminación, en esencia y bajo ciertas condiciones, confiere la facultad a los ciudadanos de un determinado territorio a crear un Estado independiente, permanecer integrado en el Estado matriz o establecer cualquier otro tipo de asociación.
Para que el derecho de autodeterminación pueda llevarse a la práctica es necesario un marco legal que lo ampare, bien de derecho interno, bien de derecho internacional. Existen y han existido estados que, en sus constituciones, admiten la posibilidad de que una parte del territorio pueda constituirse en Estado independiente si así lo deciden sus pobladores. Pero lo cierto es que la mayoría de las constituciones actuales establecen para el propio país el principio de integridad territorial como un dogma sin referirse a ningún derecho de autodeterminación. Sólo la constitución de Etiopía establece de manera inequívoca el derecho de secesión. Algunas otras constituciones, tras proclamar la indisolubilidad de la nación (ej. Cuba, Venezuela), reconocen el derecho de autodeterminación no para ellos sino para otros países oprimidos.
Ningún marco legal es propicio en los momentos actuales, ni bajo la Constitución española de 1978 -que no contempla el derecho a la autodeterminación de ninguna parte del territorio-, ni bajo norma alguna de derecho internacional. El marco legal tanto interno como externo es analizado de manera muy esclarecedora en un estudio jurídico publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores bajo el título Sobre la eventual declaración unilateral de independencia de Cataluña y el Derecho Internacional.
La única posibilidad democrática de que se adquiriese el derecho de autodeterminación por una parte del territorio español sería mediante la reforma de la Constitución con arreglo al procedimiento establecido. Cualquier actuación unilateral constituiría un acto de fuerza, con las consecuencias negativas previsibles e imprevisibles que se derivarían. Bajo parámetros democráticos, es de sentido común que si una parte del territorio quiere separarse debe haber un acuerdo mediante un referéndum de reforma constitucional, de la misma manera que habría de hacerse si un territorio u otro Estado quisiera integrarse en España.
El derecho de autodeterminación esgrimido por independentistas catalanes y partidarios del derecho a decidir es un desiderátum (toda vez que no se ejercita una sola vez sino que se ejercita cuantas veces sea preciso hasta lograr la independencia). Se trata de una práctica de tahúres: si no se consigue la independencia la primera vez, se harán cuantos referéndums sean necesarios hasta conseguirla. No hay límites en cuanto al número de veces que haya que realizar plebiscitos, ni en cuanto al tiempo en que puedan ejercitarse. Se trata de un privilegio para una parte de los ciudadanos: permanezco si me va bien; me voy si me va mal, de manera que jamás habrá estabilidad política, económica y social bajo estos postulados. El reciente caso de Escocia es muy clarificador cuando, tras el referéndum celebrado en 2014, mediando un acuerdo constitucional entre los gobiernos de Escocia y del Reino Unido, el Partido Nacional Escocés plantea celebrar un nuevo referéndum en un plazo de cinco a diez años (El Mundo 13-9-2015).
El derecho de autodeterminación y el independentismo han tenido fundamento en diversos momentos históricos, sobre todo bajo el colonialismo, cuando las poblaciones sojuzgadas quedaban privadas de democracia y de derechos fundamentales y sometidas a la rapiña económica de la potencia colonial. Conseguir la secesión de la metrópoli era algo necesario para acceder a la democracia política y hacer efectivos los derechos fundamentales para los pueblos sometidos. Se trataba de una situación de dominio tiránico cuya abolición contaba con el favor de la opinión pública mundial. No obstante, en ocasiones, las potencias coloniales realizaron un proceso de independencia agrupando poblaciones con identidades muy diversas que, a la postre, condujeron a enfrentamientos armados que frustraron los objetivos de la independencia.
El nacionalismo se inició en el siglo XVIII, asociado a procesos de independencia de las colonias de países europeos y como contraposición a las monarquías absolutas. La nación -no Dios- se situaba por encima del monarca. Sucesivamente se intentó la construcción del concepto de nación en base a identidades históricas, culturales, idiomáticas, religiosas, étnicas o de cualquier otro tipo, generalmente asociadas a un territorio, para fundamentar el derecho a la independencia o a la secesión. Pero la nación ha sido una construcción ideológica sumamente cuestionada por su imprecisión y por las contradicciones que se producen al intentar definirla, acrecentadas en nuestros días ante un mundo multiétnico, multicultural, multirreligioso y plurilinguístico, en el que los regímenes democráticos -al menos formalmente- se han ido extendiendo.
En la práctica, el nacionalismo no es sino una construcción ideológica pseudorreligiosa con la finalidad de aglutinar a un conjunto de personas en torno a un poder político que ha dado lugar a múltiples modelos a lo largo de la geografía mundial. No debe perderse de vista que el nacionalismo ha llegado a engendrar monstruos como el que surgió en la Alemania hitleriana: la nación alemana justificaba todo, incluso una gran masacre de la población europea, incluido el pueblo judío.
En todo caso, el independentismo como movimiento es residual en nuestros días, ya que estamos en un momento histórico que camina justamente en sentido contrario, para configurar grandes bloques políticos y económicos. Es de todo punto absurdo que si la Unión Europea camina hacia una integración política se propicie que sus Estados miembros vayan en sentido contrario, fragmentándose en microestados.
Los ciudadanos de Cataluña gozan de la misma democracia y reconocimiento de sus derechos fundamentales que cualesquiera otros ciudadanos de España. La Constitución Española les reconoce derechos lingüísticos, culturales y de autogobierno que son ejercidos plenamente, muy por encima de cualquier otra región de Europa. La Unión Europea jamás se ha dirigido contra España en relación con la restricción de derechos y libertades a los ciudadanos de Cataluña o de cualquier otra Comunidad Autónoma, muy al contrario, desde cualquier instancia europea se ha alabado el proceso democrático español.
Pero si no hay opresión dictatorial hacia Cataluña, si se reconocen derechos lingüísticos, culturales y de autogobierno, ¿por qué se esgrime el derecho de autodeterminación? Sencillamente, tal como han expresado soterrada o abiertamente los dirigentes independentistas, la motivación es puramente económica. Periódicamente se ha esgrimido un maltrato económico en la distribución de recursos para Cataluña. El maltrato ha sido un argumento ideológico que se ha cultivado con profusión aprovechando cualquier excusa. Incluso en el caso de que así fuese, existen mecanismos democráticos para su corrección.
Para ciertas élites catalanas, en el fondo, lo que existe es un cálculo de futuro para obtener una gran ventaja económica aprovechando la situación geográfica de Cataluña. Los dirigentes independentistas son conscientes de que las mayores infraestructuras de energía, comunicaciones y transportes que enlazan España y el resto de Europa pasan por su territorio. La élite independentista catalana ve un negocio fantástico en esta operación ya que controlarían autopistas, vías férreas, gasoductos, tendidos eléctricos, cables de comunicaciones, etc. Llegado el caso se podría impedir el tránsito de personas y mercancías o imponer aranceles de aduanas, de portazgo o de tránsito. En una palabra, no tendrían ningún problema económico ya que les bastaría colocar una caja en aduana y crear una economía parasitaria sobre el Estado residual español, al modo de Ucrania con los gasoductos de Rusia, por utilización de sus infraestructuras.
Esta y no otra es la motivación que mueve a las élites independentistas: la codicia más absoluta, que desearían que fuese compartida por el resto de ciudadanos catalanes, aunque éstos solo recibirían las sobras del banquete.
Son numerosísimos los artículos de opinión y estudios elaborados desde diversas posturas sobre las consecuencias de una hipotética independencia de hecho -por mutuo acuerdo no tiene visos de realidad-, tanto para Cataluña como para el Estado español, en los ámbitos político, económico y social, de manera que únicamente se resaltarán algunas cuestiones que no han sido suficientemente publicitadas.
Los independentistas se vuelcan en hacer ver los beneficios -económicos sobre todo- que conseguirían los catalanes con la secesión, lo cual es discutible tal como se puede comprobar en los argumentarios de los partidos políticos contrarios a la secesión y en numerosas publicaciones especializadas. Pero lo que los independentistas no quieren hacer ver a la población es que para conseguir tales beneficios se producirían unos perjuicios inconmensurables en el Estado español.
Estos puntos ponen de manifiesto el gran error de cálculo de los independentistas catalanes que ignoran los desproporcionados perjuicios que se producirían en el resto de España y en Europa a cambio de unos cuestionables beneficios económicos. Ante la desintegración del Estado a que conduciría la independencia de Cataluña, es evidente que se activarían por las instituciones y los ciudadanos cuantos recursos políticos, económicos y militares fuesen precisos.
La codicia, los dogmatismos, los tribalismos, los nacionalismos y las religiones son fuente de los conflictos y las guerras. El mundo camina en el sentido opuesto al nacionalismo que no es sino una pseudorreligión. El ideal de progreso es la ciudadanía mundial superadora de localismos, provincianismos y nacionalismos.
No es admisible una vuelta atrás mediante nacionalismos desintegradores que sería caminar en el sentido contrario de la historia y esto ha de hacerse saber a los ciudadanos de toda España. La solución al actual conflicto tiene que venir de una integración cada vez más estrecha entre los países europeos, caminando hacia la constitución de instituciones democráticas supranacionales dotadas de instrumentos de política económica y social que garanticen el estado de bienestar para la población europea.